Con tremenda indignación e impotencia, nos hemos enterado del terrible daño inflingido por el Fondo Productivo y Social (FPS) y su contratista (ESMA SRL) al puente prehispánico de Cumaná, frente a la incapacidad y negligencia de las autoridades del Ministerio de Culturas, quienes fueron alertadas semanas, sino meses antes de que este daño podria darse. Este tema debe ser investigado minusiosamente por la fiscalía y las instancias sectoriales que corresponda.
Debe conocerse, con la máxima transpartencia, si el proyecto tenia el permiso ambiental y porque – siendo un Monumento Nacional desde 1937 – no se implementaron los estudios alternativos o las medidas de mitigación respectivas.
Si tuviera la licencia respectiva, ¿quien, y de que manera la otorgó? y ¿quien en la instancia sectorial de arqueología la evaluó?
Tanto el Director del FPS, los responsables de ESMA SRL y los técnicos supervisores a cargo deben ser suspendidos, investigados – y de comprobarse su responsabilidad- ser enjuiciados penalmente por daños y destrucción de patrimonio nacional. Que por tratarse de un Monumento nacional deberia ser la pena máxima.
Es inadmisible que las propias instituciones estatales atenten contra la integridad del patrimonio, menos cuando estan a cargo de personal – supuestamenta calificado – para supervisar este tipo de obras.
Es tambien inadmisible, que con la justificación de deficiencias en la disponibilidad de personal calificado en la UNAR, se obre de manera negligente en esta temática, pues es responsabilidad de sus máximas autoridades ejecutivas (Ministra y Viceministros) velar por contar con los recursos necesarios para responder a sus obligaciones constitucionales.
Si el Estado Plurinacional no actua de manera ejemplar , a través de sus instituciones encargadas, se habrá dado lugar a la impunidad de los autores ,y seran complices de ello quienes no obraron desde el esenario legal del Estado Central (Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Culturas, la Jefe de la UNAR, el Director de Patrimonio, el Viceministro de Interculturalidad y la propia Ministra de Culturas), bajo cuya jurisdicción estan los sitios declarados Monumentos Nacionales (CPE y Ley Marco de Autonomías), como tambien de los Gobiernos Departamentales y Municipales, quienes son corresponsables de lo que se hace en esta materia dentro de sus jurisdicciones.
Quienes pertenecemos a la Sociedad de Arqueología de La Paz, nos declaramos en Estado de Emergencia frente a este atentado, pues da muestras de lo que le puede esperar al Patrimonio Arqueológico Nacional en un futuro muy cercano, bajo las condiciones en las que se esta manejando el Gobierno Nacional y sus instituciones sectoriales.
Debe tambien observarse, que el Puente de Cumaná esta siendo atentado de manera diaria y paulatina por incentivo o acción directa de la empresa SOBOCE, quien mueve camiones de carga pesada sobre él, para explotar de manera ILEGAL los yacimientos de caliza que se hallan en la región de Cumaná, Patapatani, Pajchiri, Tiraska, etc., haciendo caso omiso de las leyes nacionales que restringen la explotación de recursos en áreas patrimoniales. Todo, frente a la mirada negligente de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Culturas, la cual tiene conocimiento de éste hecho desde hace varios años.
Ver: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=BOL&pagina=http://www.laprensa.com.bo
