Por su parte, el gobierno ha descartado cualquier intervención de las fuerzas del orden en la marcha de los campesinos y colonizadores, según argumentan, para que esto no genere conflictos; la situación es grave, debido que hay grupos de campesinos armados entre los manifestantes;

“No vamos a caer en provocaciones, es muy fácil decir y bueno: ¿por qué no se envía fuerza pública?, porque justamente eso crearía nuevos enfrentamientos y eso no quiere el país”, fueron las palabras del ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Por otra parte el diálogo nacional se halla con dificultades, luego de que los prefectos no firmaran la adrugada del día de ayer como quería el Presidente Morales antes de su viaje a Naciones Unidas, un documento de preacuedo de tres puntos presentado por el vicepresidente: formación de comisiones para tratar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y autonomías, devolución y normalización inmediata de las instituciones públicas e instalaciones petroleras por parte de los movimientos autonomistas y la viabilización hasta el 1 de octubre para que el Congreso convoque a consulta para aprobar el proyecto de Carta Magna.

Ante esto, la abogada de los tres normalistas que fueron abatidos el 11 de septiembre en Porvenir, Mary Carrasco, presentó el día de hoy un memorial recusando al juez  Dávila; la recusación, según explica la jurista, se debe a que existe una fuerte presión del Poder Judicial sobre el juez Dávila, lo que inpediría seguir llevando el caso en las actuales circunstancias.

“Lo cuestionable de ese auto es de que ordena que se remita los antecedentes ante la Fiscalía General de la República cuando esa instancia no es parte del Poder Judicial. No puede pretender la Corte Suprema someter a un juez cautelar a un fiscal” señaló.

El juez Williams Dávila, decidió allanarse a dicha recusasión, lo que automáticamente le obliga a apartarse de forma inmediata del conocimiento del proceso, que pasaría a ahora a manos del juez sexto de Instrucción en lo Penal, Alvaro Melgarejo, quien deberá pronunciarse sobre la solicitud de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema en el plazo de 48 horas a partir de su notificación, que no se producirá sino hasta próximo lunes.

El reurso objetaba que la detención de su defendido fue indebida, sin embargo este fue rechazado por la Corte.

Las negociaciones, que se realizan en el centro de eventos Manantial, situado en el municipio de Tiquipaya, a 10 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, se iniciaron sin ceremonias ni discursos, se han abierto tres mesas de debate sobre el tema de las autonomías y la nueva Constitución, los recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y un pacto para ocupar puestos vacantes en el poder judicial.

“En Bolivia, a veces, nosotros decimos que estamos acostumbrados a los conflictos y a llegar al borde del precipicio para comenzar a dialogar. Creo que es lo que está ocurriendo”, dijo Iván Canelas, vocero de la presidencia.

Las negociaciones han sido, en general, muy bien recibidas por la población, sin embargo sectores radicales de ambos bandos manifiestan su escepticismo ante estas y presentan resistencias, tal y como ocurre en el caso de los bloqueadores que aún continúan en Santa Cruz y con los discapacitados que hasta el día de ayer, se negaban a entregar las instituciones.

“El Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en La Paz desea informarles que uno o dos vuelos del Gobierno estadounidense estarían disponibles mañana (por hoy) para asistir a los estadounidenses que quieran partir de La Paz, Bolivia, para Lima, Perú” indica un comunicado de prensa publicado en la página web de la embajada norteamericana, “Si desean permanecer en Bolivia permanezcan atentos, revisen las informaciones locales y verifiquen regularmente sus medidas de seguridad” continúa este.

Las relaciones diplomáticas de Bolivia con Estados Unidos están en su punto más álgido luego de la expulsión de el embajador Philip Goldberg por parte del gobierno del Presidente Evo Morales.